Jim Shee, un ciudadano estadounidense de 70 años de edad de origen hispano y chino que nació en Estados Unidos, dice que aunque la ley SB-1070 todavía no ha entrado en vigor, ya ha sido detenido en dos ocasiones por la policía local en Arizona y le pidieron sus «papeles» o la documentación de estatus migratorio legal.
Este caso y otros similares han llevado a una demanda judicial colectiva (class action suit) contra el estado de Arizona frente a la Corte de Distrito, alegando que la ley interfiere con el poder federal y la autoridad sobre asuntos de inmigración, e invita a detener personas en base a su apariencia étnica, en violación de las garantías constitucionales de igual protección y la prohibición sobre las incautaciones no razonables.
El caso fue presentado por la Unión de Libertades Cívicas Americanas (ACLU). Los abogados demandantes plantearon que esta ley es anticonstitucional e interfiere con la ley federal, y están seguros que podran detener la entrada en vigor de la ley.
La Asociación de Jefes de Policía de Arizona, junto con varios otros grupos destacados del orden público, también se oponen a la legislación porque dicen que desvía la atención de la responsabilidad primordial de hacer cumplir la ley, proporcionar protección y promoción de la seguridad pública de la ciudadanía y socava la confianza en la policía local entre las comunidades de inmigrantes.