Después de años de retraso, cientos de inmigrantes legales en el sur de California dieron un paso más hacia la ciudadanía de EE.UU. después de llegar a un acuerdo mediante una demanda colectiva que establece un plazo de 6 meses para el gobierno para decidir sobre sus aplicaciones.
El acuerdo alcanzado afectará a los solicitantes sólo en algunas partes del sur de California. La política de la administración Bush ( no anunciada oficialmente ) en esencia detuvo la naturalización de decenas de miles de inmigrantes legales.
Un asilado político de El Salvador que buscaba la ciudadanía de EE.UU. dijo que los funcionarios de inmigración le quitaron la tarjeta verde hace años y le dijeron que segun la nueva politica no estaban aceptando nada, dejandolo sin documentos para acreditar su estado legal. El asilado fue encarcelado y tuvo que pagar una fianza y gastar $10,000 en honorarios de abogado en un caso que se prolongó durante años. Tras reiteradas peticiones de aplazamiento por el gobierno, cuando el caso llegó finalmente a un juez fue desestimado porque el hombre nunca había sido acusado de nada, según su abogado.
Después del 11 de septiembre 2001, la administración Bush dejó de procesar las solicitudes de ajuste de estatus. Las solicitudes de los inmigrantes legales quedaron en suspenso, al parecer por el chequeo de nombres por el FBI, pero este estaba ocupado en investigaciones anti-terroristas. La USCIS instituyó los «controles por nombre» en 2002.
El acuerdo requiere que el USCIS adjudique cientos de aplicaciones para ciudadania en las areas de Los Ángeles, Santa Ana y San Bernardino dentro de 6 meses, y proveer informacion y datos a los grupos de derechos civiles para demostrar que los procesos estan marchando.